entrevista realizada en la Escuela Técnica nº 7 de Parque Patricios
por Santiago Meilán
“Nadie da una coima en público”. La frase pertenece al manual de transparencia que Luis Moreno Ocampo escribía en el año 93. En este manual, quien había sido fiscal en el juicio a los Jefes de las Juntas Militares, y que luego sería abogado de Domigo Cavallo entre otros, echaba mano a una fórmula que había sido creada por Robert Klitgaard, un profesor de Harvard miembro de Transparency International. La fórmula rezaba:
Corrupción=Monopolio+Discrecionalidad-Transparencia
El Código Penal de la Nación no utiliza el termino de corrupción sino para delitos contra los derechos personales; el cohecho, la malversación, incorrecto desempeño de funcionario, son las figuras que la legislación utiliza para denominar los delitos infringidos contra el ciudadano. Sólo una figura se vuelve claramente opaca en el uso triunalicio y reúne las cualidades de vulnerar los derechos ciudadano al mismo tiempo que los personales: la extorsión.
Como fuere, la fórmula de Klitgaard logró cierto predicamento en medio de la maroma de pragmatismo impersonal, en muchos casos impulsado desde la creación y representación en el medio local de las Organizaciones No Gubernamentales. En sus diversas formas, las ONG, instituciones que se transforman en la década del 90, resignificaron una discusión ampliamente olvidada en el terreno de las políticas públicas, aquella que desde la legislación y la doctrina limitaba los juicios contra los delitos públicos al terreno de la conciencia y la falla ética.
Procedentes de una crisis general en la década del 70, tanto de valores como del sistema de partidos y organizaciones sociales, el desembarco de las ONG en los países dependientes supuso una reconstrucción similar a la que había sido necesaria en la posguerra de mediados de siglo XX para los países centrales. Los lazos de la comunidad latinoamericanos habían sido destruidos, objeto de los gobiernos militares y la inmadurez democrática. Hoy estas múltiples organizaciones militan en una multiplicidad de campos que van de la corrupción a la donación de órganos, realizando tareas humanitarias con una buena cuota de adoctrinamiento, a su vez, subyacente a los propósitos declarados por los responsables de cada una de ellas.
Tal vez la más profundamente comprometida con los delitos de función pública sea Transparency International. Representada en la Argentina por Poder Ciudadano, ONG a la que Moreno Ocampo pertenece, realiza trabajos de concientización y capacitación a los organismos públicos, entre ellos la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y, a partir de su desempeño en el ámbito académico, también en distintas reparticiones de los poderes Ejecutivo, Legislatio y Judicial.
Cuando en aquel entonces comenzaba a hablarse Consejo de Magistratura o de Comisiones Nacionales de Regulación, o bien cuando la SIGEP (Sindicatura General de Empresas Privadas) pasó a llamarse SIGEN y a depender del Poder Ejecutivo, en general se trataba de proponer una articulación entre legislaciones de países más ejercitados en el control de la impunidad y la codificación nacional, la que por momentos resultaba demasiado telúrica –y por ello ideal para los negociados– o bien mostraba una forma inadecuada de resolver problemas de corrupción en los procesos históricos desencadenados con el fin de la Guerra Fría.
En esa falta de adecuación entre las legislaciones internacionales, heredada de la demonizacion de lo extranjero que se operó en connivencia entre los poderes de países centrales y la periferia colonial, iban a proliferar los entes desregulados para demostrar el vacío en que se había sumido a la ciudadanía latinoamericana, africana, asiática y, para el caso del viejo continente, los países de los balcanes y del este.
La ingerencia de las ONG mostró una realidad que en el ámbito local paralizaba. Hicieron ver que las lógicas ‘de provincia’ no constituían una patología proveniente de la dominación económica, sino fruto de un fatal compromiso con el silencio y la inoperancia. La ausencia total de denuncia, la justificación en la dinámica del golpe institucional (extendido a un punto que todavía no ofrece alternativa) hacían que las prácticas irregulares por parte del poder hegemónico inmovilizara y reprodujera situaciones que se transformaban en problemas del ámbito privado, cuando en realidad las prácticas de soborno contenían en su interior consecuencias que iban más allá de la indignación en la charla de pasillo.
Mario Rapoport en su libro Historia económica, política y social de la Argentina (Ed. Macchi, 2000), impulsaba una lectura que constituiría el punto arquimédico en relación a la procesos profundos llevados a cabo por la Juntas Militares. Marcelo Bonelli en su libro Un país en deuda (Planeta, 2004), retoma una de las hipótesis señaladas por el economista de la Universidad de Buenos Aires, hipótesis que hoy se vuelven insoslayables para comprender algunas políticas concretas del período de facto que va de 1976 a 1983. Para ambos autores, la lucha civil desarrollada en el proceso de implementación de las políticas neoliberales perseguían la dominación gremial antes que el control de la violencia subversiva.
Durante largo tiempo se creyó que una banalización sindical sería uno de los elementos constitutivos que lograra el entorno necesario para el cambio que el neoliberalismo implicó. Así fue como la desarticulación entre trabajo y dirigencia permitió una transformación total –de aspecto y real– de la fisonomía de nuestro país y, con posterioridad, dicha desarticulación sería uno de los mayores obstáculos para los consiguientes ajustes del sistema. Todo ello amparado por la lógica ‘provinciana’ de la desidia.
“Un piquete cada mes y medio, no es una marca desdeñable” se le oyó decir al líder de opinión Alfredo De Angeli en Gualeguaychú. Seguramente no lo habrá dicho pensando en la década setentista que le adjudican querer reflotar a Cristina, pero a la luz de la época en que Héctor Cámpora asumía el gobierno para dejar lugar a Perón en el poder, la marca de un piquete cada mes y medio sin duda es un juego niños.
En aquella época la gente moría por pedir que los sueldos aumentaran. Era noticia a la vuelta de la esquina algún atentado con coches bombas y los secuestros extorsivos eran moneda corriente durante el último gobierno del viejo Perón. Era entonces cuando Crisitna y Néstor se conocían en la Universidad de La Plata. Ambos militantes de la Juventud Peronista, recientemente descabezada de Rodolfo Galimberti, tal vez la figura más negra de la militancia partidaria.
Todo se debatía entre extranjeros sí (extranjeros zurdo, aclaremos) o extranjeros no. El mismo Perón era un extranjero más cuando decidía a más de 5 mil kilómetros de Buenos Aires, qué se debía hacer y qué no. Los partidos democráticos tales como la UCR, el PI de Oscar Alende y los Demócratas Progresistas de Martínez Raimonda no eran más que ceros a la izquierda, aunque con posturas ‘inocentes’ en tiempos en que la muerte era tan normal como las proclamas reivindicatorias en la boca de figuras como la de Mónica y César. Sí, en aquella época a la pareja de San Pedro no le costaba nada luchar en cámara por los derechos de los trabajadores. Todo ha quedado atrás después de Videla & Co.
Por eso la hipótesis de máxima que hoy funciona es la del conflicto social. Un reverdecer de lo peor de aquella época vuelve a ser lo normal, sin que haya detrás una verdadera lucha, o tal vez buscando develar el compromiso que corre por lo bajo. Hacer evidente el compromiso es la consigna, y no pocos ven en esto una consigna de guapez.
La pregunta es si el martes, cuando todos volvamos a nuestras obligaciones, después de lo que se vivió en las vísperas, no habrá de ser posible un mundo trastocado. Si tendremos que agenciarnos una 38 para ir a la villa a dar clases, o si en la valijita que llevamos al hospital no tendremos guardadas pastillas de cianuro listas. A la distancia eso suena imposible, pero alguna vez fue así. ¿Será que esta vez, la caída viene sin reproches, sí, pero con nostalgia?
En la semana se ha sucedido dos interesantes. Por un lado se habló de conversaciones soto voce para solucionar el conflicto con el campo. Desde la Casa Rosada, con la misma imprudencia con que en Santa Cruz e resolvía demagógicamente las cosas, hoy piensan que el el problema de fondo con el campo es el machismo, el gauchaje que no ha visto Brokeback Mountain. En concreto se habló de dos negociaciones secretas, por un lado la reunión que mantuvieron dos archienemigos como lo son Hugo Moyano y Luis Morales, ambos transportistas pero de diversas ramas del sindicalismo. La otra, más al estilo de como le gustaría a la señora Ernestina de Noble, entre el constructor del hotel de los Kirchner en El Calafate y un dirigente del campo cordobés.
Que dos gremios que se tenían a cara fea cada vez que se cruzaban se hayan reunido es un anuncio, algo así como la amistad en potencia que resurge con la primavera. Pero el campo no puede esperar tanto tiempo. Por ello las reuniones que ya están manteniendo los jefes políticos de la oposición pesan más que estas poco alentadoras treguas. En el diario de hoy, Elisa Carrió apeló una vez más al código femenino para anular sus declaraciones incendiarias, e invitó a la presidenta, una vez más, a anular las alícuotas del campo.
Como quien no quiere la cosa (aquí sonaría la música de Enio Morricone) reaparece Duhalde. A decir verdad, Eduardo Duhalde aparece cuando su proyecto político ya ha fracasado. Si el gobernador de Buenos Aires en tiempos de Menem creía poder llegar a ser el próximo presidente constitucional en elecciones adelantadas (no descartemos la idea, pero), esta hipótesis ya ha sido descartada. Podrá ser a lo sumo el que conduzca los hilos del presidente de la Cámara de Diputados, el ex gobernador de Jujuy Fellner, pero en la cadena de mando, a Fellner le sigue la ex Montonera Vaca Narvaja y Duhalde no ostenta credenciales del extremismo justicialista.
Tal vez sea la tibieza la que nos arroja una y otra vez contra el abismo. Tal vez sea cierto eso de que la dictadura se llevó lo mejor nuestro. En un conflicto que lleva 95 días y no logra resolverse, la pregunta que cabe es ¿cuál es el problema? Y enseguida ¿por qué no podemos resolverlo?
Los fondos buitres son una realidad que no se vivían en tiempos del Camporismo. El idioma social de los 70s argentinos era a prueba de avivados imperialistas. Hoy la situación ha cambiado. Si desde el gobierno se pretende seguir adelante con una fachada que reaviva cierta sensibilidad de los períodos de combate en las calles y las fábricas, entonces el problema es de miopía y falsa coherencia. Si se intenta dar vuelta una lógica telúrica, entonces la hipótesis del mandamás gringo es del todo justa. Pero no se lo menciona. Hace días la contienda con el campo es un diálogo de sordos. Algo así como dos grupos de personas de los cuales los primeros se comunican por chat y los segundo por mansaje de texto. En el medio, nada.
Es importante que los grandes contenidos pendientes merezcan la atención de los argentinos. Por eso quienes venimos trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Radiodifusión observamos que hoy se percibe un tiempo en que se unen una ciudadanía que se acerca al tema y la firme decisión de avanzar en ese sentido que exhibe el gobierno nacional. Una nueva ley es un instrumento ineludible para encarar el diseño público que nos ponga de cara a lo que deben ser las comunicaciones en una sociedad moderna y democrática.
La actual ley es otra vetusta herencia de la dictadura y lleva su impronta doctrinaria autoritaria, que se manifiesta desde la conformación original del órgano de aplicación hasta la regulación de los contenidos. Además, no posee un equilibrio entre derecho y tecnología, no contempla Internet, cable, modulación de frecuencia, satélite, televisión de alta definición y digitalización, y carece de una instancia de defensa del público usuario, no contemplado como parte integrante del mundo comunicacional.
La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, por lo que el Estado debe garantizar que el modelo comercial no predomine sobre el comunitario o sobre el privado sin fines de lucro. Asimismo, una ley que regule ese vasto espacio debe naturalmente contemplar propuestas de los más variados sectores, como las de la Coalición y sus 21 puntos, la de los empresarios y trabajadores del universo de los medios, las de universidades, cooperativas, movimientos originarios, radios comunitarias, autoridades provinciales, etcétera.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde el Congreso prefiguramos un proyecto de ley que contemplaba esos consensos, pero la coyuntura distaba de ser la actual. Estamos seguros de que hoy se pueden incorporar novedosas miradas.
Para elaborar una nueva ley, un tema clave es efectuar una interpretación adecuada desde la filosofía y el derecho administrativo. No se puede plantear el modelo de comunicación desde una óptica exclusivamente liberal, como el de la subsidiariedad del Estado. Los ejes ideológicos tienen que tener anclaje en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural e informativa. Por eso, entre las cuestiones más importantes a regular deben estar la producción regional, el respeto al público usuario, límites a la audiencia potencial en áreas de cobertura primaria, la diversidad informativa y de esparcimiento, el rol de los medios de gestión pública, la accesibilidad regional y social a la información y la concentración de licencias. También es apropiado fijar un concepto de bidireccionalidad que regule los deberes del emisor y los derechos del receptor.
Un avance significativo en materia de libertad de expresión sería el de crear la figura del ombudsman. Su función debería ser la de proteger a los usuarios en esa suerte de contrato virtual que se establece entre ellos y los medios. Inhibido expresamente de actuar sobre los contenidos, el ombudsman debería intervenir, por ejemplo, cuando se incumplen los horarios previstos, cuando se viola el horario de protección al menor o cuando se producen hechos de discriminación.
También debería recuperarse el ejercicio administrador del Estado en el espectro radioeléctrico. No debe perderse de vista que las frecuencias de radiodifusión no son propiedad de ningún titular de licencias, sino un patrimonio de la humanidad y una construcción social del pueblo argentino; el Estado, en algunos casos, las da en uso con modalidad de gestión privada. Como filosofía de la ley, deberían fijarse los modos de gestión de los medios, que la actual ley no contempla. Estos deben ser el público, el privado con fines de lucro y el privado sin fines de lucro. Pero también debe haber lugar para medios de gestión autónoma, como los de las universidades. Se debe reservar espectro para cada uno.
La radiodifusión no es sólo un espacio para hacer negocios: es un modo de vinculación entre la gente y es un ejercicio del derecho humano de la comunicación. Si bien las modificaciones realizadas a la ley de la dictadura resultan insuficientes, cabe resaltar que durante la gestión de Néstor Kirchner se obtuvo un avance fundamental: el Congreso logró la modificación del artículo 45 y abrió así el espectro a sociedades no comerciales y de capitales sociales.
La sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es una deuda que se debe saldar. No se trata de dar respuesta a una situación coyuntural, sino de elaborar una norma racional, justa, solidaria y democrática, con la que todos los argentinos puedan hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
* Ex presidente de la Comisión de Comunicaciones en Diputados.
viene de: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-103106-2008-04-26.html
//<![CDATA[
var cuerpo = new get_obj(‘cuerpo’);
cuerpo.style.fontSize = ACTUAL_FONTSIZE + “px”;
//]]>
18 critica de la argentina el país
Domingo 20 de abril de 2008
Con los papeles cambiados
El Estado argentino es dueño de una fábrica
que daña el medio ambiente. Y denunciante
de otra extranjera que, aquí, estaría en regla.
Papel Prensa-Botnia: la paradoja del Gobierno que denuncia y contamina
Como en la cita bíblica sobre la paja en el
ojo ajeno, el Grupo Clarín sorprendió
ayer con un título catástrofe en tapa. Tema:
la contaminación. La otra, la generada por
el humo que se eleva desde los pastizales
incendiados. De Papel Prensa, nada. Ni
siquiera el comunicado oficial de la empresa.
Tampoco en la página web de la papelera
figura esa declaración. Sí hay, en cambio, un
link titulado “Papel Prensa y la ecología”, donde
se puede leer, entre otros párrafos:
-“La empresa continúa con su política de
cumplimiento de los principios del desarrollo
sustentable y asume su responsabilidad en la
promoción de medidas para la conservación
del medio ambiente y la naturaleza.”
-“La preocupación de Papel Prensa S.A. por
el cuidado de la riqueza natural y el medio
ambiente está presente en todas sus acciones.”
-“El agua que se utiliza proviene del río
Baradero, el que a su vez recibe los efluentes
generados. Estos últimos son tratados para
lograr que la materia orgánica
disminuya a valores acordes a la normativa
vigente sobre medio ambiente.” (n de la r:
los exámenes coincidentes de la Facultad de
Bioquímica, el Instituto Nacional del Agua y
el de Tecnología Industrial revelaron valores
superiores en 10, 40 y hasta 200 veces –según
el análisis del que se trate– superiores a la
legislación vigente.
La ecología en su sitio
“El gobierno argentino
demandó al uruguayo
ante la Corte de La
Haya, acusando de contaminante
a una fábrica cuyas emisiones
líquidas cumplen los requisitos
legales como para instalarse en
la provincia de Buenos Aires, al
mismo tiempo que es dueño en
parte de una fábrica de pulpa y
papel que no cumple por lejos
con esos requisitos legales.” A esa
conclusión llegó Oscar Ventura,
uno de los docentes e investigadores
científicos más prestigiosos
de Uruguay –y reconocimiento
internacional– luego de
cotejar las pericias oficiales sobre
la contaminación ambiental que
producen las fábricas de Papel
Prensa –en San Pedro– y Botnia
–en Fray Bentos–. Botnia es una
empresa privada. Papel Prensa,
mixta: Clarín, La Nación y el
Estado nacional son sus accionistas.
“Las emisiones de materias
orgánicas que Botnia descarga
están por debajo de los límites
del decreto 335/03 que regula
la protección ambiental en la
provincia de Buenos Aires. La
Orillas. La bandera argentina flamea delante de la planta industrial de Botnia en Uruguay.
Oscar Ventura. Un especialista uruguayo que sigue de cerca a Papel Prensa.
conclusión curiosa es que Botnia
podría estar instalada en San
Pedro legalmente en lugar de Papel
Prensa que no cumple con los
requisitos legales”, señaló Ventura
a Crítica de la Argentina. Los
cuadros comparativos están en
su blog donde figura simplemente
como “Néstor” (lascosasdenestor.
blogspot.com), sin mención
de su extenso currículum. Entre
otras cosas, profesor titular de
Química Teórica y Fisicoquímica
Molecular en la universidad
estatal uruguaya; investigador
máximo nivel (III) en el Fondo
Nacional de Investigadores;
consultor de proyectos para el
Banco Interamericano de Desarrollo
y la Unión Europea. “Me
cansé de esa especie de cholulismo
científico, donde importan
más los títulos, la chapa, que los
argumentos. Entonces despejo y
simplemente expongo mis opiniones,
mis trabajos, mis datos.”
–Papel Prensa aseguró en un
comunciado que no contamina
el río Baradero. ¿Lo leyó?
–Sí, lo leí. Es un comunicado
increíble. Estoy seguro de que
fue redactado por abogados antes
que por expertos en materia
ambiental. Y que con mucho palabrerío
no desmiente los datos
de las pericias que ustedes hicieron
públicas. Es un comunicado
básicamente de desinformación,
para confundir a lectores
desprevenidos. A la frase “Papel
Prensa no contamina” yo digo:
Papel Prensa incumple la reglamentación
que dice cuales son
los límites para contaminar o no.
Y la incumple groseramente, así
que sí contamina.
–Aparece allí sugerido que ese
desborde de límites legales no
implica necesariamente contaminación…
–“Se trata claramente de
efluentes no dañinos” es la palabra
de la empresa. Que muestren
los datos. Y en todo caso, aunque
fuera cierto, no tiene nada que
ver con el hecho de que están 10
veces por encima de lo que se
supone que no causa daño ambiental.
¿O los demás trabajamos
nueve veces más que ellos en eliminar
contaminantes porque
somos estúpidos y ellos son los
únicos vivos que se dieron cuenta
de que el límite es muy bajo? Con
semejante exceso, antes que negar
sería más interesante ver qué
problema hay y cémo resolverlo.
Pero sin duda que el ecosistema
está en peligro, definitivamente.
–¿A qué puede deberse ese exceso
de materias contaminantes si
fuera cierto, como dice Papel Prensa,
que tiene un sistema de tratamiento
de efluentes moderno?
–Primero, será moderno aquí
pero no para las normas que ya
aplica la Unión Europea, por
ejemplo, o la agencia de protección
del medio ambiente en Estados
Unidos. Pero
concedámosle eso,
y nos quedan otras
hipótesis: 1) el sistema
está subdimensionado,
porque
aumentaron
producción y tiran
más efluentes que
los que pueden procesar; 2) los
tiran al río directamente, sin tratar,
por un bypass del sistema.
Obviamente yo no tengo modo
de corroborar estas hipótesis,
pero las autoridades de control
podrían hacerlo fácilmente.
–Quizá, porque también ocurrió
que Papel Prensa impidió el
ingreso de inspectores de la Secretaría
de Ambiente.
–Ocurrió algo tan grave como
eso: le dieron datos de sus efluentes
que son muy bajos respecto de
los que ahora arrojaron las muestras
analizadas por la Facultad de
Farmacia en Buenos Aires, por el
Instituto Nacional del Agua y el
de Tecnología Industrial. l
|
Existe una teoría que dice que todo está estipulado en 1 teoría. Se trata de la teoría de la coherencia del británico Thomas Young. Más allá de la física, hubo otras formas hegemónicas de hacer ver donde no había luz. Si notamos los primeros ensayos ‘serios’ sobre la incidencia de los medios masivos de comunicación, todo aparece en una primera instancia bastante fácil.
Los institutos americanos, sedes de las principales fábricas de aparatos de televisores en el momento en que estos comenzaban a aparecer en los países ‘desindustrilizados’, fueron los primeros encargados en restringir el acceso a los materiales, primero, para la construcción de los receptores de televisión, y luego, los que acapararon por este simple principio de restricciones, el espectro teórico sobre sus concecuencias. Así, con ese predicamento empiezan los estudios sobre televisión.
Cuando ello quedó claro, una vez que se entiende que junto con los transistores, venían a precio muy caro los derechos de autor sobre los estudios que explicaban su funcionamiento, los enunciados ‘científicos’ se pierden en esta retórica: “Estudios recientes afirman que la incidencia de los medios masivos de comunicación sobre la población se daría de tal manera que, de no existir aquellos, no podría afirmarse una variación en las actividades de la familia”… o bien “el aparato de televisión se presenta tanto como amigo como enemigo de los integrantes de la familia”… o este otro “sobre una población de niños brillantes, la incidencia de la televisión implica consecuencias que pueden ser o bien claras, o bien indistintas respecto de la misma franja de población pero de características mediocres” (Halloran, J. D., 1965, p. 35)
El resultado estaría entonces en relación directa en cómo ese ‘retraso’ respecto de los efectos, pudo haber incidido o no, respecto de alguna política programática y que no se contiene en trabajos sociológicos o perteneciente a ninguna otra ciencia, sino dentro de las casuísticas propias y domésticas de un Estado dominante respecto de uno dominado.
Los investigadores de la cultura popular en el ámbito nacional (Casullo, Grimson, Ferrer, et. al.) afirman que la dinámica de comprensión de la cultura popular está en relación a su estudio en un punto de fuga, y que en todo caso cualquier teoría absoluta viene a descomponer, más bien que a determinar, un sistema de dominación preestablecido a partir del uso que las multitudes ejercen sobre ese medio.
Finalmente, quedaría por explicar, cosa difícil pero no imposible en un momento en que se ha abierto la percepción sobre los hechos de esa época, las matanzas, ahora sí digitadas por las potencias centrales, y cómo, las políticas regionales, dentro de esa perspectiva resuelven las nuevas formas de dominación.
No abundan casos similares. Un apodo es una designación social que cristaliza a través del tiempo y no es arbitrario, como un nombre, sino motivado en algún aspecto de la historia o el cuerpo. Un mote es una sentencia por tiempo indeterminado. Y no es fácil modificar el bautismo elegido por un grupo. Cualquiera que lo haya deseado lo sabe: no se conmuta así nomás una condena de esta clase. Juan Carlos Tierno (PJ), el intendente de Santa Rosa, lo hizo. Toda la vida se lo conoció, amablemente, como “el loco Tierno”. A fuerza de escándalos y controversias, en apenas un mes y medio al frente del municipio de la capital pampeana logró trocar aquel sobrenombre por uno bastante gráfico y mundano pero –con perdón de la investidura– un poco menos civilizado: “el sorete Tierno”.
Justamente con esas palabras se denomina un hilarante blog dedicado a sus andanzas (elsore teestierno.blogspot.com), donde se acumulan denuncias y se convocan nutridas manifestaciones en su contra. Bajo la consigna “reírse en la cara de quien te quiere joder es la forma más sublime de la resistencia”, el sitio web llama a la protesta “para defender la libertad y rechazar la pretensión que tiene The Big Soret de instaurar un régimen fascista en Santa Rosa”. Hoy mismo, a las 20, se realizará una nueva marcha en rechazo a sus medidas. Una síntesis de las cuales podría hacer suspirar a otros jefes comunales:
– creó de facto una policía propia;
– aumentó hasta un 49 por ciento las tasas municipales;
– incrementó hasta un mil por ciento las multas de tránsito;
– expulsó a lavacoches y malabaristas de las calles;
– prohibió que menores de 12 años circulen en bicicleta;
– se enfrentó con los trabajadores del municipio;
– calificó sucesivamente de “zurdos”, “depravados morales”, “sediciosos” y “subversivos” a los opositores que lo acusan de “autoritario”.
El mismo intendente encabezó unos cuantos operativos policiales para vigilar el cumplimiento de sus disposiciones. El corolario de su protagónico “hágalo usted mismo” fue noticia hace diez días: quiso hablar en un acto convocado por la multisectorial agrupada en su contra y fue corrido a gritos y escupitajos. El viernes pasado, otra marcha llegó hasta su casa, que terminó con pintadas poco amistosas en las paredes y un vidrio menos.
La mayoría de las polémicas resoluciones fue tomada por Tierno ad referéndum del Concejo Deliberante, que aún no pudo sesionar en forma extraordinaria porque el opositor Frente Pampeano se niega a concederle quórum hasta que no dé marcha atrás con las medidas.
Inscripto en la boleta del Partido Justicialista, apoyado en un discurso amigo de la mano dura, Tierno fue electo el año pasado y asumió el 10 de diciembre. “Es nuestro Martin Luther King”, proclamó su vice, Luis Martínez. No era un desconocido. Su trayectoria puede rastrearse al menos desde 1984, la época en que, como abogado, oficiaba de asesor del gobernador Rubén Marín. Fue por entonces cuando la oposición elevó un pedido de informes –que nunca consiguió prosperar– para aclarar si Tierno había golpeado a una mujer. Ya bajo la gobernación de Carlos Verna, fue ministro de Gobierno, en una gestión que acumuló denuncias por apremios ilegales y detenciones arbitrarias por parte de la policía, delitos que él consideró daños colaterales. Lo cual no impidió que terminara renunciando el día en que iba a ser interpelado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
Un blog reúne denuncias y se burla del polémico funcionario.
No abundan casos similares. Un apodo es una designación social que cristaliza a través del tiempo y no es arbitrario, como un nombre, sino motivado en algún aspecto de la historia o el cuerpo. Un mote es una sentencia por tiempo indeterminado. Y no es fácil modificar el bautismo elegido por un grupo. Cualquiera que lo haya deseado lo sabe: no se conmuta así nomás una condena de esta clase. Juan Carlos Tierno (PJ), el intendente de Santa Rosa, lo hizo. Toda la vida se lo conoció, amablemente, como “el loco Tierno”. A fuerza de escándalos y controversias, en apenas un mes y medio al frente del municipio de la capital pampeana logró trocar aquel sobrenombre por uno bastante gráfico y mundano pero –con perdón de la investidura– un poco menos civilizado: “el sorete Tierno”.
Justamente con esas palabras se denomina un hilarante blog dedicado a sus andanzas (elsore teestierno.blogspot.com), donde se acumulan denuncias y se convocan nutridas manifestaciones en su contra. Bajo la consigna “reírse en la cara de quien te quiere joder es la forma más sublime de la resistencia”, el sitio web llama a la protesta “para defender la libertad y rechazar la pretensión que tiene The Big Soret de instaurar un régimen fascista en Santa Rosa”. Hoy mismo, a las 20, se realizará una nueva marcha en rechazo a sus medidas. Una síntesis de las cuales podría hacer suspirar a otros jefes comunales:
– creó de facto una policía propia;
– aumentó hasta un 49 por ciento las tasas municipales;
– incrementó hasta un mil por ciento las multas de tránsito;
– expulsó a lavacoches y malabaristas de las calles;
– prohibió que menores de 12 años circulen en bicicleta;
– se enfrentó con los trabajadores del municipio;
– calificó sucesivamente de “zurdos”, “depravados morales”, “sediciosos” y “subversivos” a los opositores que lo acusan de “autoritario”.
El mismo intendente encabezó unos cuantos operativos policiales para vigilar el cumplimiento de sus disposiciones. El corolario de su protagónico “hágalo usted mismo” fue noticia hace diez días: quiso hablar en un acto convocado por la multisectorial agrupada en su contra y fue corrido a gritos y escupitajos. El viernes pasado, otra marcha llegó hasta su casa, que terminó con pintadas poco amistosas en las paredes y un vidrio menos.
La mayoría de las polémicas resoluciones fue tomada por Tierno ad referéndum del Concejo Deliberante, que aún no pudo sesionar en forma extraordinaria porque el opositor Frente Pampeano se niega a concederle quórum hasta que no dé marcha atrás con las medidas.
Inscripto en la boleta del Partido Justicialista, apoyado en un discurso amigo de la mano dura, Tierno fue electo el año pasado y asumió el 10 de diciembre. “Es nuestro Martin Luther King”, proclamó su vice, Luis Martínez. No era un desconocido. Su trayectoria puede rastrearse al menos desde 1984, la época en que, como abogado, oficiaba de asesor del gobernador Rubén Marín. Fue por entonces cuando la oposición elevó un pedido de informes –que nunca consiguió prosperar– para aclarar si Tierno había golpeado a una mujer. Ya bajo la gobernación de Carlos Verna, fue ministro de Gobierno, en una gestión que acumuló denuncias por apremios ilegales y detenciones arbitrarias por parte de la policía, delitos que él consideró daños colaterales. Lo cual no impidió que terminara renunciando el día en que iba a ser interpelado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
|Viernes/25-Ene-2008
//
Carrió y diputados de su fuerza presentaron un informe sobre “patrimonialismo corrupto en la era K”.
Imagen: Leandro Teysseire
La Coalición Cívica presentó ayer el informe “Cristóbal López: patrimonialismo corrupto en la era K”. Se trata de un detallado recorrido por la vida del empresario, a quien acusan de ser una suerte de testaferro de Néstor y Cristina Kirchner. “La señora Presidenta dice que ‘bailemos la chacarera’ y que seamos optimistas, pero nosotros le contestamos: ‘eso es imposible, ustedes están haciendo demasiados negocios’”, dijo Elisa Carrió en conferencia de prensa, rodeada de diputados y legisladores de su fuerza política. El eje de su acusación se centró en señalar que el ex presidente firmó un decreto el 5 de diciembre –que recién fue publicado en el Boletín Oficial el día 31– prorrogando hasta el 2032 la concesión del hipódromo y del complejo de tragamonedas de Palermo, que vencía originalmente en 2017. La fundadora del ARI aseguró que la mandataria es sólo “una figura decorativa” y que “Kirchner es Cristóbal López”. La respuesta del Gobierno estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que calificó la denuncia como “disparates” y endilgó la responsabilidad en la gestión gubernamental de la Alianza.
Propietario –según Carrió– de casinos y salas con máquinas tragamonedas en 19 ciudades del país, de una empresa petrolera y otra dedicada al transporte de hidrocarburos, López representa junto a Lázaro Báez –empresario ligado del sector petrolero– y Enrique Eskenazi –quien adquirió el 14,9 por ciento de YPF– “la pata K en la nueva burguesía nacional”, cuyas características se describen en el informe minuciosamente: “Se trata de empresas que han diversificado y, simultáneamente, engrosado su volumen de negocios desde que los Kirchner ingresaron al poder, debido a que el matrimonio, mediante los favores del Gobierno, digita los bienes del Estado en beneficio propio y de un selecto grupo de amigos”.
La CC habla de la “patrimonialización K del Estado”. De este modo, el eje de la denuncia gira en torno de la identificación “de patrones y prácticas que borran y confunden, como regla general, la diferencia entre lo público y lo privado”. Así lo describe la diputada Fernanda Gil Lozano, una de las autoras del informe: “Lo que notamos luego de haber observado el rápido enriquecimiento de alguien que vendía pollos como López es que con la actual gestión todo lo público está en beneficio del matrimonio K”.
Los puntos cuestionados son varios. Por un lado, el informe se refiere a concesiones de recursos naturales “mediante procedimientos irregulares, direccionados y contrarios a derecho” y de prórrogas a concesiones por fuera de los plazos previstos. A su vez, en un contexto de conflicto con los trabajadores del casino flotante –que también administra López–, el texto advierte sobre la utilización “de las fuerzas de seguridad del Estado como grupo de choque a disposición de las empresas” –alusión al rol cumplido por la Gendarmería– y de ausencia de controles por parte del Estado en las empresas pertenecientes al grupo de López.
Carrió informó que el bloque de diputados y legisladores de la Coalición Cívica presentará informes a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dado que –estimó– “seguramente van a manipular a algún juez, y para garantizar la impunidad van a decir que está todo bien”, porque –afirmó– “si hoy denunciamos a la Justicia, no hay juez federal en condiciones de investigar, como corresponde a un Poder Judicial independiente, los hechos de corrupción del gobierno de Kirchner”.
A pesar de que la dirigente nacional del MST Vilma Ripoll estuvo presente en la conferencia de prensa realizada en la sede del bloque de diputados de la CC, Carrió consideró “muy curioso” que “ninguna fuerza nacional” realice denuncias sobre estas cuestiones. Aclaró que mantendrá una reunión con el radical Ricardo Gil Lavedra para analizar el caso. “Aun siendo enero, un negocio de esta naturaleza no podía pasarse por alto”, se indignó la líder de la Coalición Cívica, acompañada de los diputados Adrián Pérez, Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano, Patricia Bullrich, Fernando Sánchez, Fernanda Reyes y la legisladora Diana Maffía. Y disparó: “El proyecto que ustedes están viendo en Argentina hoy, descansa en un proyecto político con una figura decorativa a nivel presidencial… Ya nadie puede pensar que tenemos un presidente ingenuo”.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Y esta vez, como sucede habitualmente, el encargado de salir al cruce de los dirigentes opositores fue el jefe de Gabinete. Fernández consideró los cuestionamientos como “disparates” y aseguró que “la realidad es que la concesión no la dio este gobierno, sino el de la Alianza”. “Muchos hablan porque hablar es gratis y no tributa impuestos”, reaccionó el funcionario en declaraciones radiales. Su argumento fue que la cesión era responsabilidad de la presidencia de Fernando de la Rúa y que aquella instancia inicial preveía la prolongación ahora concretada.
DEL DIARIO PERFIL 26/01/2008
política
Elisa Carrió juntó a su tropa para denunciar a los Kirchner y al empresario Cristóbal López. “Están haciendo demasiados negocios”, afirma con una veraniega sonrisa irónica. Sin embargo, se la nota más medida: “Estoy sin fueros, porque sino…”.
—¿Quién es Cristóbal López?
—Era un empresario que tenía una pyme. Muy ligado a Diego Ibáñez, sindicalista de SUPE, que manejaba todo el poder en la Patagonia. También aparece vinculado con “Bombón” Mercado, ex marido de Alicia Kirchner. Con Kirchner en la Intendencia de Río Gallegos se empiezan a desarrollar los negocios. El área casinos es importante porque es dinero en efectivo, y es un mecanismo extraordinario de lavado.
—En la conferencia hablaban de Kirchner como ingenuo o socio, ¿les queda alguna duda?
—No. Nuestra hipótesis es que no es ingenuo.
—¿Qué rol juega hoy López en la vida de Kirchner?
—Una gran persona. Junto a De Vido. Y otros empresarios.
—¿Y Cristina, qué rol tiene?
—Es una asociada. De gente no ingenua. Los Kirchner son una sociedad.
—¿Cómo van a seguir desde la Coalición Cívica el tema?
—Se va a avanzar en todas las cuestiones, pero todavía no vamos a hacer denuncias penales porque tenemos un gran problema con la manipulación de la Justicia. Se repite el esquema de impunidad del menemismo.
—¿Esperan alguna respuesta del macrismo?
—Hasta ahora hubo ausencias. La verdad que no se entiende.
—¿Qué hay de cierto en el desembarco de López en el Hipódromo de San Isidro?
—De eso se está hablando y hay que seguir su entrada, a través de Kirchner, en la Provincia de Buenos Aires. Si hay un objetivo para el gran negocio del juego es Buenos Aires, Rosario que ya tienen y falta Córdoba.
—¿Qué relación hacen con esta denuncia y la reciente declaración jurada de Kirchner?
—Que en realidad lo declarado no lo pueden explicar, se imaginan lo no declarado…